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Emisiones de CO2 en la industria vitivinícola
Es necesario definir una metodología de cálculo y atribución, un protocolo específico para el sector del vino en España.
El calentamiento global y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) están a la orden del día en cualquier medio de comunicación. Y más aún en estos momentos debido a la importante ‘Conferencia sobre el Cambio Climático’ que se está celebrando en Copenhague, y en la que se debaten los compromisos internacionales de las naciones para reducir las emisiones de CO2.
El mundo del vino ni quiere ni puede ser ajeno a esta realidad. Las bodegas españolas asumen sus responsabilidades corporativas y sociales; y se adaptan a los tiempos comprometiéndose a buscar la forma correcta de calcular su contribución a las emisiones de GEI, para después poder reducirlas si fuera necesario.
De todos es sabido el gran valor ecológico del viñedo, que —particularmente en España— contribuye de forma notable a la conservación de suelos (casi siempre pobres), a la lucha contra la desertificación, a la fijación de agua y a la creación del paisaje, además de tratarse de un cultivo relativamente poco mecanizado o tecnificado. Sin embargo —y con la excepción de algunas loables iniciativas de empresas individuales— no se dispone de información sobre la medida en que la actividad vitivinícola contribuye a las emisiones de CO2. Y es algo que el sector necesita saber, no solo para actuar en consecuencia por responsabilidad social, sino también porque es una información que consumidores y grandes cadenas de distribución comienzan a demandar.
El Grupo de Trabajo ‘MA+I’
Por estas razones, entre otras, la Federación Española del Vino (FEV) creó a principios de 2009 un grupo de trabajo sobre ‘Medio Ambiente e Innovación’, entre cuyos cometidos se incluye, obviamente, el estudio de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero.
Uno de los problemas que el grupo de trabajo se ha encontrado desde el principio de su actividad es el de las definiciones de conceptos básicos. La ‘contabilidad’ de los GEI, aunque avanza día a día, es una disciplina bastante reciente y apenas dispone de estándares globalmente aceptados. Tras asumir, con algunos matices, los conceptos de
‘Evaluación del Ciclo de Vida’, ‘Huella de Carbono’, ‘Balance de CO2’, ‘Ciclo Corto’, ‘Ciclo Largo’… comúnmente aceptados, aparecen las características específicas del sector que es necesario tener en cuenta para una correcta evaluación.
Así, por ejemplo, algunos protocolos internacionales no consideran el CO2 producido por la quema de biocombustibles (sarmientos y otros restos vegetales en el sector vinícola), pero sí tienen en cuenta las emisiones de otros gases de efecto invernadero, como el metano o el óxido nitroso, derivadas del uso de esos mismos biocombustibles. Y un viñedo con cepas de 50, 70 o 100 años, ¿a qué ciclo pertenece?, ¿sus intercambios de carbono son rápidos o lentos?
Estudio de las emisiones de CO2 en la OIV
Está claro que el problema es definir un método de cálculo y atribución específico para la industria del vino. A día de hoy existen dos protocolos de cálculo de emisiones de CO2 en el sector vitivinícola, basados parcialmente en la norma ISO 14064. Uno de ellos, bastante avanzado, es fruto de una iniciativa privada de bodegas de Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y California, y se denomina ‘International Wine Carbon Calculador Protocol’ (IWCCP). El otro es un protocolo francés, llamado ‘Bilan Carbon’, patrocinado enteramente por la agencia ambiental del país vecino y aún poco desarrollado.
El IWCCP se puso en marcha con el fin de adelantarse a los demás y marcar de entrada algunas pautas frente a las exigencias de la distribución. Pero en la economía global se hace necesario un sistema de cálculo único, consensuado a nivel internacional. Con este fin, la OIV (Organización Internacional de la Viña y el Vino) ha creado un comité especial en el que la Federación Española del Vino participa activamente.
El ‘Protocolo OIV de Contabilidad del Carbono para la Industria Internacional del Vino’ pretende armonizar diferentes metodologías. En la ultima reunión del comité ya se vio claramente que el documento IWCCP —sin dejar de tener el mérito de ser el primero— es insuficiente para el cálculo de la huella de carbono del producto. Su aplicación solo daría buenos resultados en la medida del balance de CO2, a escala de empresa o centro de producción. Pero incluso en éste último caso, hay ciertas zonas grises en la atribución y contabilidad de las emisiones de determinados procesos que requieren de consenso para poder disponer de una única norma internacional homologada.
Aplicación en España
El Grupo de Trabajo ‘Medio Ambiente e Innovación’ de la FEV ha tomado la iniciativa de realizar un estudio de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero en el sector vitivinícola español, y ya han comenzado los contactos con la Dirección General de Gestión Medioambiental del MARM. También se ha propuesto a algunos destacados técnicos y profesores universitarios la elaboración de un documento que muestre el punto de partida y las líneas maestras del trabajo a desarrollar, incluyendo la experiencia aportada por algunas bodegas españolas que ya llevan algún tiempo investigando en este campo.
Además de los motivos puramente ambientales y sociales, existe otra buena razón para que la industria vinícola conozca con detalle su perfil de emisiones. En varios países de la Unión Europea se está estudiando la modificación de algunos impuestos para incluir criterios ambientales en su tarificación. El sector del vino debe avanzar lo más rápido posible para conocer bien sus magnitudes, evitando así que se le puedan atribuir módulos colectivos de carácter estimativo, que siempre resultarían onerosos.
Políticas medioambientales y defensa del consumidor
A finales de noviembre se celebró en Lund (Suecia), dentro del programa de la presidencia sueca de la UE, una conferencia de ámbito europeo sobre producción alimentaria adaptada al medio ambiente: la ‘Climate Smart Food’. En esta conferencia se vio que la agricultura es responsable del 9% del total de las emisiones de GEI en la Unión Europea, aunque hay grandes diferencias entre los Estados Miembros (desde el 3% para Luxemburgo hasta el 26% para Irlanda). También se ha puesto de manifiesto que, aunque hay una tendencia clara a disminuir las emisiones, existen dificultades en su atribución y contabilidad pues no hay protocolos uniformes de cálculo.
Por otra parte los consumidores —ampliamente representados en la conferencia— exigen información precisa sobre responsabilidades ambientales; y, lo que es peor, un 48% de ellos desconfía de la información medioambiental que las empresas incluyen en el etiquetado de sus productos. Además, para el consumidor europeo medio, el ambiental es el tercer componente más importante en las decisiones de compra, después de la calidad/seguridad y del precio del producto.
Así las cosas, la conferencia de Lund despeja cualquier duda de que las políticas de defensa del consumidor y las exigencias medioambientales van a converger muy pronto, constituyendo una prioridad política de los gobiernos y de la propia UE en los próximos años. Afortunadamente, para las empresas agroalimentarias hay un amplio margen de actuaciones que pueden mejorar la gestión ambiental —especialmente en la parte no agrícola del proceso— y que también pueden contribuir a reducir los costes de producción, aunque requieran esfuerzo e inversión.
